El derecho a la ciudad por parte de mujeres y hombres, exige unas políticas urbanas integrales que articulen varios frentes. Uno de ellos es la disponibilidad de suelo urbano, en especial para los productores sociales del hábitat y vivienda.
Todos los municipios deben contabilizar la disponibilidad de suelo que poseen: ejidales, patrimoniales y aún los baldíos vecinos a su poligonal urbana. También deben intervenir cuanto antes en el suelo particular, mediante las regulaciones y atribuciones que otorga la Ley Orgánica de Ordenación Territorial, para generar los contrapesos necesarios que frenen la espiral especulativa inmobiliaria . Ello con miras a realizar las inversiones estratégicas a la adquisición de ese recurso, o bien para modificar los Planes de Desarrollo Urbano ¡en el caso que existan!, cuando estos instrumentos no garanticen estratégicamente la sustentabilidad ambiental y el uso socialmente justo que deben tener. La implementación de políticas urbanas debe colocar por delante el interés común, sobre el derecho individual de la propiedad, para poder garantizar unas formas de apropiación del territorio y de sus recursos naturales, de manera mas equitativa, ajena a la lógica insostenible del mercado, en especial del mercado inmobiliario.
Nuestros constructores y constructoras populares deben poder disponer de manera transparente y oportuna la información de estos planes, los usos de suelo autorizados, el valor del suelo. El Estado debe confeccionar los instrumentos para que los productores sociales del hábitat y vivienda, puedan tener el acceso al suelo seguro, para uso residencial, en sitios ambientalmente sanos y promover esquemas crediticios para su adquisición de forma individual y colectiva, crear las condiciones y mecanismos ágiles para la regulación de la tenencia de la tierra y opciones diversas para la propiedad privada y colectiva del suelo.
No podemos tener sobre el recurso del suelo urbanizado, una mirada constreñida que pendula sobre la voraz especulación y el derecho de unos menesterosos (en los que me incluyo). ¡No!. Promover el derecho social a la vivienda y por ende a un suelo urbano con todos sus equipamientos, es un ancla para el desarrollo de los pueblos; basta recordar sólo el ejemplo de Hong Kong y Singapur, hoy por hoy nodos de la economía mundial. Una de las cosas de las que no se habla por ejemplo de estas zonas de régimen especial, pertenecientes a la China, es la fuerte apuesta que hizo el Estado Chino para dotar a los núcleos suburbanizados hasta hacerles autosuficientes. En ésta apuesta por un urbanismo social, las viviendas en régimen de alquiler por ejemplo no superan el 10% del ingreso familiar y, al realizar las inversiones necesarias para el uso colectivo (centros comerciales, plazas, centros deportivos, transporte urbano eficiente, etcétera), la fuerza de trabajo allí alojada tenía unas condiciones muy favorables para anclarse definitivamente, haciendo muy atractiva la movilidad hacia Hong Kong y Singapur, y desplegar las potencialidades creativas y tecnológicas de punta.
Este, no es un debate marginal. El suelo es un recurso, no simplemente un espacio pasivo donde “por arte de magia” se ubican edificios. Existe una lógica subyacente en el patrimonio edilicio de las ciudades y pueblos venezolanos, nuestro Estado puede y debe intervenir para garantizar el derecho a la vivienda digna a todos los ciudadanos y ciudadanas de éste país.
Comentarios
Publicar un comentario