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Ha sido una práctica corriente en casi todos los gobiernos latinoamericanos durante estos últimos 40 años, equiparar los conceptos de necesidad de vivienda con demanda de vivienda y no son ni remotamente lo mismo.   La “demanda”, es una especie de traducción oficial al lenguaje de las políticas públicas de lo que asumen los técnicos como “necesidades” de vivienda. Cuando desde un organismo de vivienda se arriba a este término “resolver la demanda”, también define ¿quién va a intervenir en la solución de esa demanda?, como por ejemplo las constructoras o cooperativas de construcción; ¿cómo lo va hacer?, con una casa tipo o se diseñan respuestas reales sobre cada necesidad de acuerdo a la familia; y ¿qué recursos le va asignar el Estado?, por lo general son volúmenes bien gordos que se llevan empresas o multiplica el pueblo organizado con sus saberes constructivos. De esta manera resulta peligrosamente simplista decir que en Venezuela, hacen falta 2 millones de viviendas y destinar la ma

La pobreza no es un resultado automático de la “insatisfacción de necesidades básicas”, es un estado de insatisfacción que incluye también la inserción imperfecta, desventajosa, dependiente y precaria, en el tejido social, cultural, económico y urbano. Su rostro mas plausible son los barrios mas jóvenes de nuestras ciudades. Como reto a superar requiere que bajo nuestro proyecto de Nación, se articulen los nuevos sujetos de derecho público que son los consejos comunales, las instituciones, sectores socioeconómicos, colegios profesionales, profesionales con compromiso social, universidades, ONGs y los oportunos financiamientos públicos y privados, que puedan dinamizar la producción social del hábitat y vivienda. Este proceso requiere permanentemente de diferentes tipos de asesoramiento y asistencia como lo son el acompañamiento social, bajo un enfoque participativo y que fortalezca las capacidades de decisión, gestión y control social del proceso; el asesoramiento técnico con el desarro

Hace diez años, me comentaba el arquitecto Felipe Delmont Mauri quien diseñó el proyecto del urbanismo San Felipe, en el municipio San Francisco de Maracaibo, que él había vivido la época dorada de las inversiones estatales para industrializar la producción de viviendas con alcance masivo. Para la época del proyecto era un arquitecto venezolano, recién graduado en Canadá y con sus veinticinco años, todo el fragor de diseño con ese sistema de muros portantes de concreto armado, estaba dirigido a optimizar el espacio en sesenta metros cuadrados de construcción. Lo dramático fue, que cuando iniciaron los trabajos a solo tres meses, ocurría una ocupación de tierra en el terreno de al lado, que en dieciocho meses logró la misma densidad poblacional que su proyecto, con una notable diferencia: el barrio podría mejorar sus viviendas a lo largo del tiempo los de San Felipe no, ni siquiera podrían clavar un clavo en sus paredes. Treinta años después, cuando tuve esa conversación con el colega

El derecho a la ciudad por parte de mujeres y hombres, exige unas políticas urbanas integrales que articulen varios frentes. Uno de ellos es la disponibilidad de suelo urbano, en especial para los productores sociales del hábitat y vivienda. Todos los municipios deben contabilizar la disponibilidad de suelo que poseen: ejidales, patrimoniales y aún los baldíos vecinos a su poligonal urbana. También deben intervenir cuanto antes en el suelo particular, mediante las regulaciones y atribuciones que otorga la Ley Orgánica de Ordenación Territorial, para generar los contrapesos necesarios que frenen la espiral especulativa inmobiliaria . Ello con miras a realizar las inversiones estratégicas a la adquisición de ese recurso, o bien para modificar los Planes de Desarrollo Urbano ¡en el caso que existan!, cuando estos instrumentos no garanticen estratégicamente la sustentabilidad ambiental y el uso socialmente justo que deben tener. La implementación de políticas urbanas debe colocar por dela

El CNE anunció en julio la normativa que regirá el proceso de postulaciones de las elecciones regionales 2008, en ella se establece la incorporación en sus listas electorales del principio de igualdad con paridad y alternabilidad, para la constitución de los consejos legislativos del país, en las que deberá haber una representación de 50% mujeres y 50% hombres, como mecanismo que permita subsanar la infrarrepresentación política de las mujeres en el escenario público. Los partidos sin excepciones, tienen el deber y compromiso de implementar el sistema cremallera en la composición de su oferta electoral. Que las mujeres asumamos la palabra en el espacio público y la alta política como sector social, significará que entrarán “los otros” para garantizar una vida con dignidad; si somos capaces de pensar desde nuestra genuina experiencia de vida, desde los bebés que, al parecer, no caben ni en las aceras, ni en el transporte público, pero si en los días de permiso de las madres para sus